Proteger a la familia: ¿Por qué?
Proteger social y económicamente a la familia no es sólo una medida que da más o menos rédito electoral. Lejos de una mirada cortoplacista, proteger la institución básica de la sociedad es una obligación con sentido de Estado, pues ayudando a los que más aportan se beneficia a todos
¿Sabemos, en realidad, por qué es necesario proteger social, jurídica y económicamente a la familia? En la mayoría de las ocasiones, el debate sobre las políticas familiares se centra en si el Estado debe ayudar o no a las familias, si las prestaciones públicas son o no suficientes, si las empresas favorecen o no la conciliación… Sin embargo, don Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz, catedrático de Derecho Civil, de la Universidad de Zaragoza, considera que «el problema en España y en otros países es que no sabemos muy bien por qué hay que proteger a la familia, y por tanto no se acierta en cuanto a los mecanismos básicos de protección, más allá de ayudas periféricas como las económicas, que están muy bien y son muy necesarias, pero que deben estar acompañadas de otras medidas estructurales». Por eso, señala que «la protección básica que se debe ofrecer es la que afecta a la propia estructura familiar como tal: un hombre y una mujer comprometidos establemente y para siempre, y abiertos a la procreación en beneficio del futuro de la sociedad».
En este mismo sentido, doña María Teresa López, Directora de la Cátedra de Políticas de Familia, de la Universidad Complutense, y Presidenta del Comité de Bioética de España, confirma que «los problemas de la familia hoy no son únicamente monetarios; el problema de fondo es que hace falta un cambio cultural profundo. No existe una convicción auténtica del valor de la familia, y eso las familias lo notan; si un matrimonio se atreve a tener hijos, se les mira de forma rara, la gente no se casa… Otro dato significativo, a nivel institucional, es que en ningún punto de los presupuestos generales del Estado la familia constituye un objetivo prioritario…»
La economía no lo es todo…, pero aun así es mucho
En este terreno de lo estrictamente económico, lo cierto es que la inconsistencia y la inestabilidad han sido la tónica de las políticas familiares de los últimos Gobiernos en España. Desde el cheque-bebé prometido por Rodríguez Zapatero y que luego retiró en cuanto comenzó la crisis, hasta el Plan Integral de Apoyo a la Familia prometido por el PP en su programa electoral -y que, al igual que la reforma de la Ley del aborto, nunca llega…-, la cobertura hacia la familia ha sido improvisada, y ha ido poco más allá de ofrecer unas dotaciones que, para las asociaciones familiares, siempre se han revelado insuficientes. De hecho, actualmente, las ayudas directas a la familia apenas superan el 1% de nuestro PIB, muy por debajo de la mayoría de países europeos.
Concretamente, la última reforma fiscal elaborada por el Gobierno promete una deducción de 1.200 euros para familias numerosas (2.400, si son de categoría especial), pero el Plan Integral Familia, del que hasta ahora sólo se ha dado a conocer un borrador, no contiene ninguna prestación directa añadida. «No deja de ser un documento de buenas intenciones, pero sin concreción alguna. No veo novedades ni compromisos políticos importantes», denuncia el Foro Español de la Familia. De hecho, la misma Fundación RedMadre constata que España está prácticamente en el último lugar de Europa en prestaciones económicas por nacimiento e hijos a cargo, con una asignación mensual que no alcanza los 30 euros por hijo. En comparación, una familia española necesitaría tener quince hijos y ganar menos de 35.620 euros al año para disfrutar de las mismas ayudas que recibe una familia alemana con dos hijos independientemente de los ingresos que entraran en casa.
Estado: ¿paternalismo, o responsabilidad?
La familia es, entre otras cosas, una inversión que el Estado no puede dejar de cuidar. «No se trata sólo de lo que consumen o ahorran las familias -confirma doña María Teresa López-, sino que, además, es en la familia donde se configura el capital humano. En realidad, la función reproductiva es lo más importante en el terreno económico. La familia genera riqueza, y de la estabilidad de las familias depende el desarrollo económico. Visto a la inversa: una sociedad con familias desestructuradas no crece económicamente». Por eso, si el Estado no apoya a las familias, «la gente se lo piensa mucho a la hora de casarse y de tener hijos, y esto tiene consecuencias económicas evidentes, como el envejecimiento de la población y la creciente dificultad para mantener el sistema de pensiones». Pero los efectos de una pirámide poblacional invertida van más allá de la posibilidad o no de pagar las pensiones: «La economía necesita personas que consuman, y también que innoven y tengan iniciativa. Los países prosperan por el capital humano, y también por la innovación y la renovación; y, si no hay familias, esto no se da. Un país envejecido no innova tanto, y no tiene tanta capacidad de riesgo y de generar riqueza como uno de mayoría joven», afirma.
La falta de concienciación sobre la urgencia de las ayudas, pretende ver en la intervención del Estado un paternalismo por el que éste correría con los gastos de quien quisiera el capricho de tener hijos. Sin embargo, doña María Teresa López argumenta que, «en realidad, al Estado le interesa que los niños estén educados, crezcan en familia, etc. El Estado tiene que limitarse a ayudar a la familia, no sustituirla. La intervención del Estado debe ser subsidiaria, y sólo cuando la familia no pueda desarrollarse de manera normal»; algo que, hoy por hoy, en España, no sucede…
¿Un cambio legal? Es fácil… Lo difícil: cambiar la mentalidad
¿Cómo apoyar económicamente a una institución a la que legislativamente se está maltratando? Don Carlos Martínez de Aguirre observa «una evolución muy larga, en la que, poco a poco, se ha ido vaciando la idea del matrimonio. Se han ido cayendo piezas importantes, y así las otras piezas cada vez importan menos. Empiezan los desajustes y todo se viene abajo, y al final nos olvidamos de qué es, en realidad, una familia». En esta pendiente, «podemos dedicar esfuerzos a sistemas de conciliación o de ayudas, que son muy necesarias, pero buena parte de los problemas sociales proceden de la desestructuración familiar». Por este motivo, lo mejor es «incentivar el modelo más sostenible de familia: hombre y mujer unidos establemente con vistas a la procreación. ¿Cómo hacerlo? Recuperando la heterosexualidad como elemento esencial del matrimonio, que es un fenómeno social y relevante que hay que proteger». Algo parecido sucede con la implantación del divorcio, pues, «en el momento en que la unión no es estable y para siempre, el matrimonio pierde peso y, poco a poco, la sociedad no sabe muy bien por qué hay que protegerlo; y, al final, se convierte en un mero fenómeno asociativo». De este modo, es necesario «vender de nuevo la importancia del matrimonio; sin meterse con nadie, pero ofreciendo de nuevo un modelo que funciona. Hace falta una labor de pedagogía social. El cambio legal, en realidad, es muy fácil; lo difícil es cambiar la mentalidad de la gente».
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Conciliar sin temor
El reciente comentario de la Presidenta del Círculo de Empresarios -«prefiero una mujer de más de 45, o de menos de 25, porque, como se quede embarazada, nos encontramos con el problema»- puso sobre el tapete una realidad: las mujeres españolas no se atreven a tener hijos por temor a las repercusiones laborales. Sin embargo, en las encuestas confiesan su deseo de tener más hijos de los que en realidad tienen.
Precisamente, la semana pasada, se dio a conocer el dato de que España está a la cola de los países de Europa en lo que se refiere a la conciliación trabajo-familia. Flexibilidad sobre la hora de entrada y salida del trabajo, y sobre la hora de la comida; posibilidad de teletrabajo; facilidades de acceder a la jornada reducida por maternidad (sin consecuencias); excedencias para el cuidado de los hijos; duración de los permisos de maternidad y paternidad tras el parto o la adopción…: son todas ellas asignaturas pendientes para empresas, Administraciones y familias.
Para doña María Teresa López, «para empezar habría que cumplir, sencillamente, la legislación laboral, y racionalizar los horarios de salida del trabajo, pues hay gente que trabaja muchas más horas de las que les corresponde». En este campo, por ejemplo, «crear guarderías indiscriminadamente para que la gente pueda aparcar a sus hijos y así estar más libres para trabajar hasta tarde, no es una verdadera política familiar; eso no es favorecer la conciliación. Sería mejor flexibilizar los horarios laborales para que a esos niños los eduquen sus padres, no las guarderías».
Familias Numerosas:
El regalo de la palabra hermano
Nueve de cada diez niños que nacen hoy en España son hijos únicos, y nunca conocerán lo que significa la palabra hermano. Por eso, el más de medio millón de familias numerosas que hay en nuestro país tiene mucho que ofrecer; y necesitan una especial protección, como señala doña Eva Holgado, Presidenta de la Federación Nacional de Familias Numerosas. «Es importante tener esta consideración de colectivo de especial protección, porque tenemos unas circunstancias especiales derivadas de nuestra composición y tamaño, y porque aportamos algo fundamental a la sociedad que debe ser tenido en cuenta».
En general, las familias numerosas piden un mayor reconocimiento económico y social, en compensación por lo que aportan a la sociedad en cuanto a capital humano; solicitan la adopción del criterio per cápita para acabar con todo tipo de penalización o discriminación por tener un mayor número de hijos -en muchas ocasiones, se ven penalizadas por un mayor consumo de suministros, por ejemplo-; y reclaman un entorno más favorable que ponga fin a los obstáculos económicos, sociales y laborales que actualmente impiden a las familias tener los hijos que realmente desean.
Así, doña Eva Holgado saluda el borrador del Plan Integral Familia consciente de que «las medidas necesitarán desarrollo normativo a nivel autonómico y municipal, pero eso supone que hay que seguir trabajando, exigiendo a las Administraciones que se impliquen de verdad para que este plan no sea sólo una declaración de intenciones».
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