Para conocer algunas de las consecuencias de la institucionalización del mal llamado «matrimonio» homosexual, basta asomarse a Canadá, país en el que lleva diez años aprobado. El think tank estadounidense Witherspoon Institute, especializado en los fundamentos morales de la sociedad y la familia, ha publicado el siguiente estudio en su página www.thepublicdiscourse.com, traducido al español por forosdelavirgen.org
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(Alfa y Omega/InfoCatólica) Los ingenieros sociales occidentales están introduciendo en esta parte del mundo el «matrimonio» entre personas del mismo sexo, con la consigna de la igualdad de derechos para la minoría homosexual. Todos nos preguntamos qué pasará en el futuro con esta medida polémica. Pero podemos atisbar el futuro mirando cual fue el resultado en los países pioneros. Ya cumplidos los 10 años desde que Canadá estableció la legislación de «matrimonio» entre personas del mismo sexo, se constituye en un laboratorio para los demás países.
En estos 10 años se puede ver una restricción al derecho de libertad de expresión, a los derechos de los padres en la educación de sus hijos, y a los derechos de autonomía de las instituciones religiosas, junto con un debilitamiento del matrimonio como institución.
Más allá de las diferencias culturales, sociales y de jurisprudencia entre Canadá y otros países, la experiencia canadiense es la mejor evidencia disponible sobre el impacto a corto plazo del «matrimonio» del mismo sexo en una sociedad democrática.
1. Vulnera los derechos humanos
El efecto formal de las decisiones judiciales (y la legislación posterior) que establecieron el «matrimonio» homosexual civil en Canadá era simplemente que las personas del mismo sexo podrían conseguir que el Gobierno reconozca su relación como matrimonio. Pero el efecto legal y cultural fue mucho más amplio. Lo que sucedió fue la adopción de una nueva ortodoxia: que las relaciones homosexuales son, en todos los sentidos, el equivalente del matrimonio natural, y que el «matrimonio» del mismo sexo por lo tanto debe ser tratado de manera idéntica al matrimonio natural en el Derecho y en la vida pública.
Un corolario es que cualquiera que rechace la nueva ortodoxia debe estar actuando sobre la base de la intolerancia y la animadversión hacia los gays y las lesbianas. Cualquier declaración de desacuerdo con el «matrimonio» civil de personas del mismo sexo se considera una manifestación directa de odio hacia un grupo minoritario sexual. Cualquier explicación razonada (por ejemplo, las que se ofrecían en los argumentos jurídicos que el «matrimonio» homosexual es incompatible con una concepción del matrimonio que responda a las necesidades de los hijos del matrimonio, de estabilidad, fidelidad y permanencia, lo que a veces se llama la concepción conyugal del matrimonio), es desestimada de inmediato como mero pretexto.
Cuando uno entiende la oposición al «matrimonio» del mismo sexo como una manifestación de intolerancia y de odio puro, se hace muy difícil de tolerar permanentemente el disenso. Así sucedió en Canadá: los términos de participación en la vida pública cambiaron muy rápidamente. Los funcionarios encargados de tramitar el matrimonio civil fueron los primeros en sentir el borde duro de la nueva ortodoxia, varias provincias se negaron a permitir a los funcionarios su derecho de conciencia para negarse a presidir bodas homosexuales, y exigieron su renuncia. Al mismo tiempo, las organizaciones religiosas, como los Caballeros de Colón, fueron multados por negarse a alquilar sus instalaciones para la celebración de post bodas.
2. Afecta el derecho a la libertad de expresión
El impacto de la nueva ortodoxia no se ha limitado al número relativamente pequeño de personas en riesgo de ser obligadas a apoyar o celebrar un «matrimonio» del mismo sexo. El cambio ha afectado ampliamente a las personas, incluyendo a los clérigos, que deseen hacer públicos los argumentos acerca de la sexualidad humana.
Mucho discurso, que era posible antes de la aprobación del «matrimonio» homosexual, ahora conlleva riesgos. Muchos de los que han persistido en expresar su desacuerdo han sido objeto de investigaciones por parte de comisiones de derechos humanos y procedimientos (en algunos casos) ante los tribunales de derechos humanos. Los que son pobres, con poca educación y sin afiliación institucional han sido objetivo especialmente fácil de las leyes anti discriminación, no siempre aplicadas de manera uniforme. Algunos han sido condenados a pagar multas, pedir disculpas, comprometerse a nunca hablar públicamente sobre estos asuntos de nuevo. Esto ha incluido a personas que escriben cartas a los editores de los periódicos locales, y ministros de pequeñas congregaciones de cristianos. Un obispo católico enfrenta dos demandas impulsadas por comentarios que hizo en una carta pastoral sobre el matrimonio.
Especialmente desde algunos procesos contra Mark Steyn y la revista Maclean, en 2009, se ha restaurado un punto de vista más amplio de la libertad de expresión. Y en respuesta a la protesta pública tras el asunto Steyn/Maclean, el Parlamento de Canadá revocó recientemente el estatuto jurisdiccional de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos para perseguir el «discurso de odio». Pero el costo financiero de la lucha contra la máquina de los derechos humanos sigue siendo enorme –Maclean ha gastado cientos de miles de dólares en honorarios de abogados–. Y estos casos pueden tardar hasta una década en resolverse. Una persona común con pocos recursos que ha llamado la atención de una comisión de derechos humanos no tiene ninguna esperanza de apelar a los tribunales para su alivio; una persona tan sólo puede aceptar la advertencia de la comisión, pagar una multa (relativamente) pequeña, y luego observar la directiva de permanecer para siempre en silencio. Siempre que estas herramientas permanezcan a la disposición de las comisiones –para quien la nueva ortodoxia no da ninguna base teórica para tolerar la disidencia– participar en un debate público sobre el «matrimonio» homosexual es cortejar la ruina.
Presiones similares pueden ser –y son– ejercidas sobre los disidentes por profesionales de los órganos de gobierno (como los colegios de abogados, colegios de profesores, y similares) que tienen facultades legales para sancionar a los miembros de conducta impropia de la profesión. Las expresiones de desacuerdo con el carácter razonable de la institucionalización de los «matrimonios» homosexuales son comprendidas por estos organismos como actos de discriminación ilegal, que son materia de censura profesional.
Los maestros están particularmente en riesgo de una acción disciplinaria, y aunque sólo hagan declaraciones públicas criticando el «matrimonio» homosexual fuera de las aulas, siguen siendo considerados como creadores de un ambiente hostil para los estudiantes gays y lesbianas. Otros lugares de trabajo y las asociaciones voluntarias han adoptado políticas similares, como resultado de que han interiorizado que, en esta nueva ortodoxia, el desacuerdo con el «matrimonio» homosexual es discriminación ilegal que no debe ser tolerada.
3. Disminuyen los derechos de los padres en la educación pública
La institucionalización del «matrimonio» homosexual ha generado un sutil pero penetrante cambio en la patria potestad en la educación pública. El debate sobre cómo hablar del «matrimonio» del mismo sexo en el aula es muy parecido al debate sobre el lugar de la educación sexual en las escuelas, y sobre las pretensiones gubernamentales de ejercer autoridad primaria sobre los niños. Pero, si la educación sexual ha sido siempre un asunto discreto, en el sentido de que, por su naturaleza, no puede penetrar en la totalidad del plan de estudios, el «matrimonio» homosexual es de una base diferente.
Dado que uno de los principios de la nueva ortodoxia es que las relaciones del mismo sexo merecen el mismo respeto que damos a cualquier matrimonio, sus proponentes han tenido un éxito notable en la exigencia de que el «matrimonio» homosexual sea presentado de manera positiva en el aula. Reformas curriculares en jurisdicciones como British Columbia ahora impiden que los padres ejerzan su poder de veto sobre las prácticas educativas polémicas.
Los nuevos planes de estudios están impregnados de referencias positivas a los «matrimonios» del mismo sexo, no sólo en una disciplina, sino en todas. Frente a esta estrategia de difusión, la única defensa parental es eliminar a los hijos de la escuela pública por completo. Los tribunales han sido indiferentes a las objeciones de los padres: si los padres se aferran a fanatismos obsoletos, entonces los niños deben cargar con el peso de la «disonancia cognitiva», ellos deben absorber cosas contradictorias entre el hogar y la escuela, mientras la escuela trata de ganar.
Las reformas, por supuesto, no fueron vendidas al público como una cuestión de aplicación de la nueva ortodoxia. En su lugar, el fundamento declarado era prevenir el acoso escolar, es decir, promover la aceptación de la juventud gay y lesbiana y los hijos de las familias del mismo sexo.
Se trata de un objetivo loable para fomentar la aceptación de las personas. Pero el medio elegido para lograrlo es una grave violación de la familia; es nada menos que el adoctrinamiento deliberado de los niños (sobre las objeciones de sus padres) en una concepción del matrimonio que es fundamentalmente hostil a lo que los padres entienden que son los mejores intereses para los niños. Se frustra la capacidad de los padres para llevar a sus hijos a comprender el matrimonio para que sea propicio su crecimiento como adultos. A una edad muy temprana, se enseña a los niños que la razón de ser del matrimonio no es otra cosa que la satisfacción de los deseos cambiantes de adultos por tener compañía.
4. Altera el derecho de autonomía de las instituciones religiosas
A primera vista, el clero y lugares de culto aparecían en gran parte inmunes a la coacción para realizar «matrimonios» del mismo sexo. De hecho, este fue el gran pacto de la legislación del «matrimonio» del mismo sexo: que el clero mantendría el derecho a no realizar «matrimonios» que violen sus creencias religiosas. Los lugares de culto no podían ser reclutados en contra de los deseos de las entidades religiosas.
Debería haber quedado claro desde el principio qué poco estrecha era esta protección. Sólo evita que el clero sea obligado a llevar a cabo ceremonias de «matrimonio». No funciona, como hemos visto, como escudo contra el escrutinio de las comisiones de derechos humanos sobre los sermones o cartas pastorales. Deja a las congregaciones vulnerables a problemas legales si se niegan a alquilar sus instalaciones auxiliares a parejas del mismo sexo para sus ceremonias, o a cualquier otra organización que pretenda utilizar la instalación para promover una visión de la sexualidad totalmente en desacuerdo con los suyas.
Tampoco se impide a los gobiernos provinciales y municipales de retener los beneficios a las congregaciones religiosas a causa de su doctrina sobre el matrimonio. Por ejemplo, el Proyecto de Ley 13 de la misma ley de Ontario obliga a las escuelas católicas de acoger clubes de «Gay-Straight Alliance» (y usar ese nombre en particular), y también prohíbe a las escuelas públicas alquilar sus instalaciones para las organizaciones que no estén de acuerdo con el código de la nueva ortodoxia. Teniendo en cuenta que muchas congregaciones cristianas pequeñas alquilan auditorios de escuelas para llevar a cabo sus servicios de adoración, es fácil darse cuenta su vulnerabilidad.
5. Cambia la concepción pública de matrimonio
Se ha argumentado que si el «matrimonio» homosexual está institucionalizado, nuevas categorías matrimoniales pueden ser aceptadas, como la poligamia. Una vez que se abandona la concepción conyugal del matrimonio, y se la sustituye por una concepción del matrimonio que tiene como criterio la búsqueda de compañía adulta, no hay ninguna base de principios para negar la extensión de licencias de matrimonio a las uniones polígamas y al llamado «poliamor».
En otras palabras, si el matrimonio se trata de satisfacer los deseos adultos de compañía, y si los deseos de algunos adultos abarcan acuerdos cada vez más novedosos, ¿cómo podemos negarlos? No se evaluará aquí esta afirmación, sino simplemente informar de cómo este escenario se juega en Canadá.
Una prominente comunidad polígama en British Columbia se envalentonó en gran medida por la creación de «matrimonios» del mismo sexo, y proclamó públicamente que ya no había base de principios para la criminalización continua de la poligamia. De todos los tribunales canadienses, sólo un tribunal de primera instancia en British Columbia ha discutido sobre si prohibir la poligamia es constitucional, y pidió una opinión consultiva al gobierno de la provincia. La prohibición penal de la poligamia fue confirmada, pero sobre una base estrecha que define como poligamia a los matrimonios civiles múltiples. El tribunal no se refirió al fenómeno de múltiples matrimonios de derecho consuetudinario. Así que, hasta ahora, las formas dominantes de la poligamia y el poliamor que se practican en Canadá no han obtenido la condición legal, pero tampoco han enfrentado obstáculos prácticos.
La lección es ésta: una sociedad que institucionaliza el «matrimonio» homosexual no tiene por qué institucionalizar la poligamia. Pero el ejemplo de British Columbia sugiere que la única manera de hacerlo es hacer caso omiso de los principios. El razonamiento del caso de la poligamia no dio ninguna explicación convincente de por qué sería discriminatorio no extender la concepción de «matrimonio» para los gays y las lesbianas, y no para los polígamos y poliamorosos. De hecho, el fallo parece que descansa sobre animadversión hacia polígamos y poliamorosos, lo que no es una base jurídica estable.
6. No aumenta la práctica del matrimonio
En cuanto a la práctica del matrimonio, es demasiado pronto para decir mucho. Los datos del censo de 2011 establecen que, en primer lugar, el matrimonio está en declive en Canadá, como en gran parte de Occidente; en segundo lugar, el «matrimonio» homosexual es un fenómeno estadísticamente menor; y tercero, hay muy pocas parejas del mismo sexo (casadas o no) con niños en el hogar.
Hay aproximadamente 21.000 «matrimonios» del mismo sexo en Canadá, fuera de los 6,29 millones de parejas casadas. Las parejas del mismo sexo (casadas y solteras) constituyen el 0,8% de todas las parejas en Canadá; el 9,4% de las 64.575 parejas del mismo sexo tienen hijos en el hogar, y el 80% son parejas lesbianas. Por el contrario, el 47,2% de las parejas heterosexuales tienen hijos en el hogar. Canadá dejó el seguimiento del divorcio después de 2008, y nunca ha proporcionado datos sobre el divorcio de personas del mismo sexo.
Lo que se desprende de estos datos es que el «matrimonio» del mismo sexo no tiene, contrariamente a los argumentos que se manejaron, el poder de impulsar una cultura renaciente del matrimonio en Canadá. Tampoco existen datos censales (de una forma u otra) para argumentos empíricos que unan la institucionalización del «matrimonio» del mismo sexo a la estabilidad del matrimonio.
Sin datos empíricos sobre las tasas de divorcio (que no están disponibles en Canadá), nos quedamos con argumentos conceptuales. En este sentido, la experiencia canadiense no puede proporcionar mucha información. Nos quedamos con la pregunta, ¿la institucionalización del «matrimonio» del mismo sexo descansa en una concepción del matrimonio que hace especial hincapié en la estabilidad, así como en la concepción conyugal? Si no es así, entonces podemos razonablemente creer que el «matrimonio» homosexual va a acelerar la aceptación cultural de una concepción del matrimonio –el modelo de compañerismo adulto– que ha hecho mucho daño social en los últimos cincuenta años.
Bradley Miller
